
Desalojo exprés: qué podría cambiar para propietarios e inquilinos
El Senado dio media sanción a un proyecto que busca agilizar los procedimientos de desalojo. Qué propone, cómo funciona la intimación previa de 10 días y qué falta para que entre en vigencia.
01. Situación actual
Por el momento, nada cambia. El proyecto obtuvo media sanción del Senado, pero todavía debe ser aprobado por la Cámara de Diputados para convertirse en ley. Las modificaciones explicadas en esta nota aún no están vigentes.
Introducción
El Senado dio media sanción al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa que busca modificar los procedimientos aplicables a acciones de desalojo de inmuebles urbanos y rurales en Argentina.
El proyecto todavía requiere la aprobación de la Cámara de Diputados para convertirse en ley. Por eso, las modificaciones detalladas a continuación deben entenderse como propuestas y no como normas actualmente vigentes.
¿Qué propone el proyecto?
Según la información publicada por Infobae, la iniciativa dispone que las acciones de desalojo se tramiten mediante un juicio sumarísimo, con plazos procesales más breves que los del procedimiento tradicional.
También habilitaría la posibilidad de solicitar la restitución anticipada del inmueble cuando exista verosimilitud del derecho. La acción podría ser iniciada por quien acredite un derecho o interés legítimo afectado y alcanzaría a inquilinos, subinquilinos, ocupantes precarios, intrusos y otros ocupantes obligados a devolver el inmueble.
La fuente señala además que podría aplicarse cuando una persona haya ingresado legalmente a la propiedad, pero incumpla las condiciones de uso acordadas o entre en mora de acuerdo con el contrato vigente.
¿Qué ocurre ante la falta de pago?
Para alquileres destinados a vivienda, el proyecto establece que el propietario debe intimar previamente al inquilino para que regularice la deuda. Esa intimación debe otorgar un plazo mínimo de 10 días corridos para pagar e indicar el lugar de pago.
La notificación se consideraría válida incluso si el inquilino se negara a recibirla o si no pudiera concretarse por causas atribuibles a él, según lo informado por la fuente consultada.
Los 10 días corresponden al plazo mínimo de intimación previa. No significan que el inquilino sea desalojado automáticamente una vez transcurrido ese período.
Impacto para propietarios
El proyecto busca ofrecer herramientas procesales más ágiles frente a determinadas situaciones de incumplimiento contractual u ocupación ilegal.
Entre ellas se encuentra la posibilidad de solicitar la restitución anticipada del inmueble cuando se cumplan los requisitos correspondientes. Su otorgamiento y el desarrollo posterior del caso continúan sujetos a intervención judicial; la iniciativa no garantiza un plazo exacto ni un resultado determinado.
Impacto para inquilinos
El procedimiento mantiene la intervención judicial. El plazo mínimo de 10 días es una instancia de intimación para regularizar la deuda y no constituye, por sí solo, un desalojo automático.
Infobae informa que, si la Justicia determinara posteriormente que no existió la falta invocada, el inquilino debería ser indemnizado por el propietario y podría iniciar una demanda por daños.
La fuente también indica que, si una restitución inmediata fuera obtenida ocultando información o documentación sobre la relación de alquiler o los pagos realizados, el propietario podría recibir una multa de hasta diez veces el último alquiler mensual a favor del inquilino.
¿Cuánto podría durar?
Eduardo Bonis, abogado consultado por Infobae, estimó que un juicio sumarísimo podría demorar dos meses o menos.
Se trata de una estimación del especialista consultado por Infobae. No es un plazo establecido por el proyecto ni un tiempo garantizado por la Justicia.
Otras modificaciones mencionadas
El proyecto establece que el locador no podría rechazar ni condicionar la recepción de las llaves, aunque conservaría la posibilidad de reclamar deudas pendientes. Ante una negativa, el inquilino podría realizar una consignación judicial y los gastos del trámite quedarían a cargo del propietario.
En casos con menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de vulnerabilidad, el juez debería dar intervención a los organismos de protección correspondientes antes de ordenar el desalojo. La fuente indica además un plazo de hasta 10 días para garantizar una alternativa habitacional transitoria, sin suspender el avance del proceso.
¿Qué cambia hoy?
El proyecto obtuvo media sanción del Senado y todavía debe ser tratado y aprobado por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
Por el momento, nada. Las modificaciones mencionadas aún no están vigentes.
La mirada de Bordon
Los cambios propuestos apuntan a generar procedimientos más ágiles y previsibles ante determinados incumplimientos contractuales.
Desde Bordon creemos que, independientemente de los cambios normativos que puedan producirse, contar con contratos claros, documentación respaldatoria y un seguimiento profesional del alquiler sigue siendo fundamental para prevenir conflictos y actuar correctamente ante un incumplimiento.


